La basura que todos producimos, pero que nadie quiere cerca
En Costa Rica tenemos una contradicción que merece una profunda reflexión: todos producimos basura, todos queremos que el camión recolector llegue hasta la puerta de nuestras casas, todos exigimos un servicio eficiente y oportuno, pero cuando se plantea la construcción de una infraestructura para el tratamiento y disposición de los residuos, comienzan los cuestionamientos y nadie quiere tenerla cerca de su comunidad.
El caso de EBI, empresa de origen canadiense, y el proyecto de un parque de tecnología ambiental en terrenos de la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares, Alajuela, plantea una discusión que va mucho más allá de un conflicto político.
Según los antecedentes conocidos, durante los años 2011 y 2012 se otorgaron permisos municipales de uso de suelo para desarrollar el proyecto. Posteriormente, en mayo de 2016, bajo la alcaldía de Roberto Thompson, la Municipalidad de Alajuela declaró la existencia de vicios de nulidad absoluta en varios de esos certificados y promovió acciones legales.
Entonces, surge una pregunta que no podemos ignorar: ¿por qué hoy se pretende responsabilizar exclusivamente al Gobierno de Rodrigo Chaves por una controversia que tiene sus raíces en decisiones administrativas municipales tomadas muchos años antes de su llegada al poder?
No se trata de defender a un Gobierno ni de atacar a otro. Se trata de poner los hechos en orden y exigir responsabilidades donde corresponda.
Si los permisos fueron otorgados incorrectamente, habrá que determinar quiénes los tramitaron, quiénes los aprobaron y bajo qué criterios. Si posteriormente la Municipalidad consideró que eran contrarios al Plan Regulador y al interés público, también debe explicarse por qué se llegó a esa situación y cuáles han sido las consecuencias jurídicas y económicas.
Hoy se habla de un arbitraje internacional promovido por EBI contra Costa Rica y de posibles pérdidas millonarias. Pero debemos tener claro que una reclamación económica no equivale a una condena ni significa que toda la responsabilidad esté demostrada.
Y aquí viene otra reflexión que como sociedad debemos hacernos.
¿Dónde queremos que se depositen los millones de toneladas de residuos que producimos diariamente? ¿Quién debe asumir la responsabilidad de su tratamiento? ¿Estamos dispuestos a participar en soluciones que permitan manejar adecuadamente nuestros desechos?
Porque resulta muy sencillo exigir que nos recojan la basura, pero cuando se propone una instalación para atender una necesidad nacional, todos queremos que se construya en otro cantón, en otra provincia o, mejor todavía, en otro país.
Por supuesto, las comunidades tienen derecho a defender su salud, sus fuentes de agua, el ambiente y su calidad de vida. Ningún proyecto debe imponerse pasando por encima de los estudios técnicos, las normas ambientales, la legalidad y los derechos de los habitantes.
Pero tampoco podemos pretender que Costa Rica resuelva su problema de residuos sin infraestructura, sin planificación y sin asumir decisiones difíciles.
La solución no puede ser trasladar el problema de una comunidad a otra. Tampoco puede ser convertir una necesidad nacional en una disputa exclusivamente partidaria.
En Notas y Más creemos que este tema merece respuestas, transparencia y responsabilidad. Que se investiguen las decisiones municipales del pasado, que se expliquen las actuaciones de los gobiernos posteriores y que se escuche a los vecinos de Turrúcares.
Porque una cosa debe quedar muy clara: todos generamos basura, todos necesitamos que alguien la recoja, pero también todos tenemos una responsabilidad con el manejo adecuado de nuestros residuos.
La pregunta final es sencilla: si nadie quiere la basura cerca de su casa, ¿dónde esperamos que la lleven?
