¿CRISIS PRESUPUESTARIA O CRISIS DE CONFIANZA?
Por Gerardo Vindas R
El fiscal general, Carlo Díaz, ha advertido que el recorte de ₡40.000 millones planteado para el Poder Judicial podría llevar a una situación cercana al “cierre técnico” de la institución. La advertencia es seria y merece ser escuchada.
Pero también hay una pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formular:
¿Dónde estuvo toda esta preocupación por la eficiencia, los recursos y los resultados durante los años anteriores?
Porque mientras hoy se nos habla de un Poder Judicial que podría quedar prácticamente paralizado por falta de recursos, también hemos visto durante años presupuestos millonarios, estructuras administrativas enormes y recursos que no siempre parecen traducirse en una justicia rápida, eficiente y cercana al ciudadano.
Y aquí aparece otro elemento que genera preocupación: el propio Poder Judicial reporta una ejecución presupuestaria del 97% durante 2025. Es decir, no estamos hablando simplemente de una institución que no recibe dinero. Estamos hablando de una institución que administra cientos de miles de millones de colones y que debe explicar con absoluta claridad cómo se utilizan esos recursos.
Ahora bien, tampoco podemos caer en el extremo contrario.
Recortar recursos al Poder Judicial no puede convertirse en una forma de debilitar la justicia. Una democracia necesita jueces independientes, fiscales con recursos, investigadores capacitados y tribunales capaces de responder ante el crimen organizado.
Pero precisamente por eso la ciudadanía merece mucho más que discursos de ambos lados.
Si hay dinero que no se ejecuta, hay que explicar por qué.
Si existen fideicomisos o recursos acumulados, hay que transparentar cuánto hay, para qué fueron creados y por qué no se han utilizado.
Si existen errores de jueces, fiscales o investigadores que terminan favoreciendo a personas acusadas de delitos, hay que investigar esos casos y determinar responsabilidades.
Y si esos errores se están cometiendo, como muchos ciudadanos perciben, siempre en beneficio de quienes tienen mayores recursos económicos, la pregunta se vuelve todavía más incómoda:
¿Tenemos una justicia realmente igual para todos?
Porque para el ciudadano de a pie resulta difícil entender que una persona con pocos recursos pueda enfrentar todo el peso del sistema, mientras que otros, con dinero, abogados y contactos, parecen encontrar puertas de salida donde otros solamente encuentran barrotes.
Pero debemos ser responsables: no podemos afirmar que la justicia favorece deliberadamente a los ricos sin pruebas concretas. Lo que sí podemos exigir es que cada decisión judicial cuestionada sea investigada, explicada y, cuando corresponda, corregida.
El problema de fondo quizá sea más grande que esos ₡40.000 millones.
Es un problema de confianza.
La ciudadanía necesita saber que cada colón destinado a la justicia se utiliza correctamente. Necesita saber que los fiscales investigan, que los jueces resuelven con independencia y que quienes cometen errores responden por ellos.
Y también necesita tener la certeza de que un pobre y un rico reciben exactamente el mismo trato ante la ley.
Porque una justicia sin recursos es peligrosa.
Pero una justicia con recursos y sin resultados también lo es.
Y una justicia en la que el ciudadano pierde la confianza puede ser todavía más peligrosa para una democracia.
Por eso, más que preguntarnos únicamente si debemos recortar ₡40.000 millones, deberíamos preguntarnos:
¿Cuánto dinero necesita realmente el Poder Judicial para funcionar eficientemente y cuánto de lo que ya recibe está produciendo resultados concretos para los costarricenses?
Ahí está la verdadera discusión.
No se trata de defender al Gobierno.
No se trata de defender al Poder Judicial.
Se trata de defender al ciudadano.
Y el ciudadano merece una justicia independiente, eficiente, transparente y, sobre todo, igual para todos.
El contexto actual hace que el debate sea especialmente delicado: el Poder Judicial ha advertido que los recortes pueden afectar investigaciones y operaciones contra el crimen, mientras que el Gobierno sostiene que existen problemas de eficiencia y cuestiona el funcionamiento de la institución.
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