No es la edad, es la transparencia
Por Gerardo Vindas R
La discusión sobre la eventual reelección de la magistrada Julia Varela Araya para continuar en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia no debería convertirse en un debate sobre la edad de una persona.
Julia Varela Araya, nacida en 1951, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial y ocupa el cargo de magistrada propietaria de la Sala Segunda desde el 17 de septiembre de 2002.
Por eso, nuestra posición no es —ni debe interpretarse— como un cuestionamiento a que una persona adulta mayor pueda ejercer un puesto de tanta responsabilidad. La edad, por sí sola, no debería ser un criterio para descalificar a nadie.
El verdadero cuestionamiento es otro: la transparencia del proceso y las oportunidades que se les están dando a las nuevas generaciones de profesionales del Derecho.
Costa Rica cuenta con abogados y abogadas jóvenes, preparados, con liderazgo, conocimiento actualizado y una visión acorde con los nuevos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Profesionales que también merecen tener la oportunidad de demostrar sus capacidades y aspirar a ocupar las más altas responsabilidades dentro de la administración de justicia.
El Poder Judicial enfrenta hoy conflictos y realidades sociales, laborales y familiares que evolucionan constantemente. Por eso resulta legítimo preguntarse si los procesos de selección y reelección están garantizando una verdadera renovación, competencia y apertura a nuevas ideas.
No se trata de quitarle méritos a quien ha dedicado décadas al ejercicio de la función judicial. Tampoco de establecer una edad límite para ejercer una magistratura.
Se trata de exigir transparencia, evaluación objetiva, rendición de cuentas y oportunidades reales para quienes vienen detrás.
Una democracia sólida no solamente debe reconocer la experiencia; también debe saber abrir las puertas a quienes tienen la preparación y la capacidad para asumir nuevos retos.
La reelección de una magistratura no debería verse como un trámite automático ni como un derecho adquirido por el simple paso de los años en el cargo. Debe existir una discusión pública, transparente y objetiva sobre los méritos, resultados, independencia, capacidad y visión de cada candidato o candidata.
Porque al final, el debate no debería ser entre jóvenes y adultos mayores.
El debate debe ser entre experiencia y renovación, continuidad y nuevas oportunidades, trayectoria y evaluación objetiva.
Y en esa discusión, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntar: ¿qué tan transparente es el proceso?, ¿qué oportunidades tienen los nuevos profesionales?, ¿se está evaluando realmente a las mejores personas para ocupar estos cargos?
No es la edad.
No es la persona.
Es el proceso.
Costa Rica necesita una justicia fuerte, independiente, preparada y capaz de renovarse. Y para lograrlo, la transparencia debe estar por encima de cualquier interés particular.
